Bonos de Impacto Social: potenciando la inversión privada en impacto social

28.01.2013

Durante mucho tiempo, las administraciones públicas han estado financiando programas que proporcionaban información sobre cuántas personas habían sido atendidas por servicios sociales, pero muy poco sobre cómo estos programas habían cambiado sus vidas.

La necesidad de captar recursos, cada vez más escasos debido a las restricciones presupuestarias por la crisis económica, y la mayor exigencia de mostrar resultados ha obligado a muchas administraciones públicas a buscar nuevas fórmulas de financiación que ofrezcan al contribuyente información sobre los resultados alcanzados. El sistema de subvenciones para financiar acciones sociales de gran impacto no sólo merma por la falta de recursos, sino también por culpa de posibles errores sistémicos en la gestión del riesgo, los incentivos, la transparencia y la rendición de cuentas.

La idea

Los Bonos de Impacto Social (BIS, o contratos de pago por éxito) ofrecen un mecanismo innovador de financiación de servicios sociales. Los BIS se instrumentan a través de un contrato de servicios entre una administración pública y una organización proveedora de servicios sociales en que la financiación se condiciona a la obtención de determinados resultados u objetivos sociales.

La novedad de este modelo se encuentra no sólo en vincular la financiación a la obtención de resultados, sino a que el gobierno, mediante su compromiso de pagar a cambio de resultados, logra incentivar la participación de inversores privados en la financiación de los programas.

A través de los BIS, los inversores privados acuerdan financiar determinadas iniciativas sociales impulsadas por organizaciones que demuestren resultados en este campo. El retorno de la inversión se garantiza por los organismos de la administración pública, siempre que se demuestre que se han conseguido los resultados. Si los resultados no se producen, entonces los inversores privados no recuperan su inversión.

Por la administración, es una forma de pagar en función de los resultados que le libera de los costes de prestación de servicios directos y traslada el riesgo financiero a los inversores privados que no recibirán un retorno si los resultados no se consiguen. Las organizaciones que prestan los servicios acceden a financiación necesaria para hacerlo y tienen claro los objetivos que deben lograr y los indicadores que se utilizarán para medirlo. Y los inversores acceden a oportunidades de generar un retorno económico y social.

Cómo funcionan

Los BIS se generan a través de un contrato entre la administración y un tercero, y requiere de los siguientes participantes y mecanismos:

  • Una entidad social capaz de demostrar que su proyecto genera valor social y ahorros para una administración pública y de replicar y / o superar estos resultados con una población definida en un plazo determinado.
  • Un sistema y una metodología creíbles para medir el impacto social y el ahorro económico que obtiene la administración.
  • Una administración pública dispuesta a contratar un servicio cuyo precio varía en función de los resultados conseguidos.
  • Uno o varios inversores dispuestos a poner dinero en la entidad social para que preste un servicio con la expectativa de que los devolverán el capital invertido y la posibilidad de conseguir un margen financiero en función del éxito de la entidad social en cumplir con los objetivos. Los inversores asumen el riesgo de perder su capital si no se consiguen resultados.

Quién lo está usando y en qué temas

Existen 10 programas pilotos en todo el mundo, y al ser programas de largo plazo, los primeros resultados definitivo no se obtendrán hasta 2013. Las evidencias de impacto hasta ahora conseguidas son anecdóticas pero positivas.
 
El primer BIS se lanzó en el sistema penitenciario en el Reino Unido en 2010, liderado por Social Finance.  Y desde entonces, se han ido implantando en otros sectores y países:
  • Sistema penitenciario, prisión de Peterborough, Reino Unido: centrado en la reducción de la reincidencia entre presos que han cumplido penas inferiores a 12 meses. Han sido contratadas entidades como St. Giles Trust, The Ormiston Children and Families Trust, SOVA y YMCA que dan apoyo a 3.000 internos en su reinserción durante 6 años, tanto durante el periodo de reclusión, como posteriormente. El gobierno de Nueva Gales del Sur, Australia también ha lanzado su BIS en el sistema penitenciario. 
  • Infancia vulnerable, Essex, Reino Unido: financia un programa de prevención entre adolescentes vulnerables que están dentro o con riesgo de entrar en el sistema de protección social público. Trabajan con 380 adolescentes de entre 11 y 16 años, durante 30 meses, y la métrica de impacto utilizada son los días dentro del sistema de protección que se ahorra el estado. 
  • Desempleo, Noroeste del Reino Unido: el ministerio de empleo y pensiones del Reino Unido ha firmado dos contratos por valor máximo de 7 millones de libras, para que 2.500 chicos y chicas de 14-15 años de edad en riesgo de exclusión tengan éxito en su educación y formación profesional para mejorar así su empleabilidad durante 3 años. 
  • Sin techo, Londres, Reino Unido: los BIS financian el desarrollo de nuevos servicios y la integración y coordinación de éstos para sacar a las personas sin techo de la calle en un período de 3 años. Se centra en reunir servicios fragmentados, y maximizar el valor de los servicios existentes mediante la mejor respuesta a la demanda y necesidad de estas personas. En Massachussets, Estados Unidos, también han lanzado su programa piloto en este campo. 
  • Adopciones, Reino Unido: CVAA y Baker Tilly han desarrollado un BIS dirigido a facilitar y apoyar 300 adopciones adicionales al año en el Reino Unido, sobretodo centrado en menores que no acostumbran a ser adoptados: grupos étnicos y de minorías, niños y niñas con problemas de salud, los que tienen más de cuatro años de edad, o grupos de hermanos.
  • Canadá ha anunciado recientemente que implantará los BIS este año. 
Para saber más: