Las administraciones públicas tradicionalmente se han enfocado en maximizar la cobertura de los servicios sociales, más que en los resultados que estos servicios generan. En consecuencia, el éxito se mide en relación con el número de beneficiarios de estos servicios. Este planteamiento no evita la cronificación de problemas sociales, ni la búsqueda de respuestas más eficientes y eficaces. Y tampoco invita a explorar la prevención como mecanismo para reducir la incidencia, la profundidad y los costes de esos problemas. Para solucionar este problema, se ha desarrollado un nuevo mecanismo centrado en conseguir mejores resultados que resuelvan problemas sociales: los Contratos de Impacto Social.
Estos contratos, también denominados Bonos de Impacto Social, ofrecen la posibilidad de experimentar sin riesgo nuevas intervenciones, consiguiendo evidencia antes de llevarlas a escala y transformarlas en política pública o incluirlas en las carteras de servicios sociales. El riesgo de que los experimentos no salgan bien recae en inversores privados.
En este modelo, las administraciones públicas se convierten en pagadores por resultados; es decir, solo pagan si la intervención obtiene el impacto esperado. Los fondos para implantar las intervenciones innovadoras son anticipados por inversores privados a cambio de una posible rentabilidad limitada. De allí que los Contratos de Impacto Social sean el gran catalizador de la innovación en el ámbito público, estableciendo las bases de relación y colaboración entre administraciones, proveedores de servicios sociales e inversores.
Desde que Social Finance UK lanzó el modelo en el Reino Unido en 2010, UpSocial ha estado proponiéndolo en España a diversas administraciones, y por fin, en 2020, se lanzan los primeros Contratos de Impacto Social en el país.
Lanbide, el servicio público de empleo de Euskadi, será el primero en lanzar una convocatoria de licitación pública para la implantación de un Contrato de Impacto Social en torno a la prevención del paro de larga duración, gracias al apoyo de Fundación BBK. La Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona están diseñando su primer bono centrado en la prevención de la entrada de niños y niñas en el sistema de protección social, gracias al apoyo de Fundación La Caixa. El Ayuntamiento de Madrid y también la Comunidad de Madrid han hecho explícito su compromiso de lanzar sus Contratos de Impacto en esta legislatura, empezando con el reto de la vivienda. El Gobierno de Navarra también ha realizado un plan de viabilidad sobre infancia tutelada, y los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Castilla y la Mancha están explorando el modelo.
En un evento organizado por el propio Ayuntamiento de Madrid, Open Value Foundation y UpSocial el 14 de enero de 2020, dirigido a funcionarios públicos, políticos e instituciones, se estudiaron algunos de los proyectos que se han lanzado en Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, así como los proyectos más avanzados que se están lanzando el España.
A nivel internacional, se están llevando a cabo más de 130 Contratos de Impacto Social, la mayoría enfocados en buscar mejores soluciones a los retos de empleo, vivienda, salud, protección social y justicia. En Colombia, primer país de ingresos medios que ha implantado los Contratos de Impacto Social, UpSocial lleva a cabo una consultoría para analizar los dos Contratos de Impacto Social lanzados, y el Fondo de Pago por Resultados que han liderado el BID Lab, el Departamento de Prosperidad Social del gobierno colombiano, la Fundación Corona y SECO.
El modelo de los Contratos de Impacto Social no está exento de críticas. Funciona principalmente para experimentar con nuevas intervenciones y generar evidencia. Sin embargo, en algunos casos ha habido errores de planteamiento que hay que tener en cuenta a la hora de diseñarlos. En el documental "The Invisible Heart" se hacen patentes algunos de esos errores. UpSocial ha participado en varios debates alrededor del documental organizados por Esade.